¿QUÉ HACEN LAS OTRAS SEIS CIUDADES?
envíado por Ferrol | 1 Abril 2007 | sin comentarios
El caso de la expropiación en A Coruña es pionero en Galicia, donde las otras seis grandes urbes trabajan sobre el problema de las casas en ruina de forma muy diversa
El peso de la responsabilidad en la conservación del parque inmobiliario de las ciudades recae en buena medida sobre los ayuntamientos, que no siempre cuentan con los medios técnicos y económicos para afrontar esta ingente tarea. Muchas veces la imaginación y la voluntad de proteger este patrimonio resultan fundamentales. Las que siguen son algunas de las iniciativas -como las citadas expropiaciones en A Coruña- que promueven los gobiernos de las otras grandes ciudades de Galicia.
El Consorcio del Casco Vello de Vigo, integrado por el Concello y por el Instituto Galego da Vivenda e Solo, cuenta con 30 millones de euros para adquirir y rehabilitar viviendas en mal estado, y ponerlas en el mercado. Hasta el momento se hizo con unas 90, aunque el objetivo es alcanzar las 600 e incrementar así la población de un barrio deprimido. El consorcio contará muy pronto con la herramienta de la expropiación, prevista en el plan especial de protección que el pleno municipal aprobará en abril. Prosigue la labor realizada en los noventa, centrada en recuperar edificios emblemáticos y calles.
El Concello anunció hace un año la activación de una ordenanza de solares que obligaría a los dueños de fincas o edificios en mal estado a preservar sus propiedades. En caso contrario, transcurridos dos años, podría promoverse la expropiación. El texto está a punto de presentarse. Inicialmente se contemplaba como herramienta para barrios con especial interés arquitectónico (A Magdalena, Ferrol Vello, A Graña, San Felipe, Canido o Esteiro), pero el gobierno local quiere extenderla a toda la ciudad. La medida trata de atajar el abandono de zonas como Ferrol Vello, donde el Concello acaba de ordenar el derribo de seis edificios.
El Concello posee desde el 2000 una ordenanza de fachadas que obliga a propietarios y comunidades de vecinos a reparar o asegurar elementos exteriores inestables de sus edificios y a presentar un certificado de seguridad (algo así como la ITV de los coches, que hay que renovar cada diez años). La ordenanza entró en vigor tras una ola de caídas de losetas y cornisas, que en un caso se saldó con la muerte de un viandante. En seis años de aplicación, tuvo un elevado cumplimiento. Fija unos plazos y, a partir de ellos, el Concello aplica el proceso sancionador con multas entre los 600 y 3.000 euros.
Santiago impulsó el Rexistro de Solares hace varios años. El proceso es largo, ya que los propietarios tienen que ser notificados para que tengan la oportunidad de asumir la rehabilitación del inmueble y evitar su incorporación al registro, lo que implicaría la pérdida de la propiedad. También se creó un sistema que está dando resultados excelentes: los pisos tutelados. En este caso, los propietarios no pierden la titularidad y reciben la ayuda necesaria para afrontar la rehabilitación. A cambio, están obligados a destinarlo al alquiler de los pisos por un mínimo de 12 años, para jóvenes y con un precio no libre.
Una de las acciones más decididas que se impulsa en Lugo es el plan de la Consellería de Vivenda en A Tinería, donde compró varios inmuebles, muchos ya en rehabilitación. También Concello y Universidad han dado ejemplo con la restauración de edificios para sus propios fines.
El Ayuntamiento tiene además larga experiencia en ejecutar obras por vía subsidiaria si el propietario desoye sus órdenes. Y sopesa recurrir a las sanciones sucesivas en los casos en que la negativa reiterada no está justificada por la situación económica del titular. Además, podría usar la expropiación para demoler unas pequeñas edificaciones ruinosas ubicadas en una de las entradas a la capital.
El plan de protección del casco histórico ha avanzado mucho camino y recuperado más de 800 edificios en diez años. En todo caso, el Concello no obvia el derribo, para el que fija una serie de pasos previos. Si los dueños no realizan la declaración de ruina, será el gobierno local el que recuerde a los propietarios la obligación de conservación. La siguiente medida pasa por el apuntalamiento para velar por la seguridad de los viandantes y tan sólo en último caso se procedería al derribo de forma subsidiaria por parte del Ayuntamiento. En la ciudad hay 30 expedientes abiertos por ruina técnica.
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