FERROL VELLO

EL «PELOTAZO» QUE LLEVÓ EL GAS A LA RÍA DE FERROL

envíado por Ferrol | 27 Octubre 2007 | 2 comentarios

El Comité Ciudadano de Emergencia denunció el pasado jueves ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia la compra por parte de Reganosa de unos terrenos por 770 millones de pesetas, que un mes antes no superaban los 47,5

Paco Rodríguez

Madrid- Los vecinos de Mugardos están dispuestos a demostrar la ilegalidad de la planta regasificadora, gestionada por Reganosa. Mientras las autoridades dilatan la concesión del permiso definitivo de apertura, el Comité Ciudadano de Emergencia continúa denunciando ante la justicia las irregularidades cometidas por las autoridades y por la compañía, desde hace más de seis años.

Y cada vez están más cerca de conseguir su objetivo, porque las pruebas aportadas son cada vez más contundentes. Mientras, la Xunta y el Ejecutivo de Zapatero esperan a que la justicia se pronuncie en contra de la ubicación de la regasificadora para intervenir.

El pasado jueves dieron un paso más en esta dirección al denunciar ante la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia el pelotazo urbanístico que dio pie a la ubicación de la planta dentro de la ría.

Según el escrito remitido por Humberto Fidalgo, miembro del Comité Ciudadano de Emergencia y vicepresidente de Adega, el grupo Tojeiro, impulsor del proyecto de la regasificadora, adquirió un terreno que vendió un mes después a Reganosa con una plusvalía del 2.000 por ciento.

Según la denuncia, en el Registro de la Propiedad de Pontedeume, la entidad mercantil Forestal del Atlántico (perteneciente al grupo Tojeiro) segregó de otra finca matriz una porción de 75.849 metros cuadrados, con un valor de 47,5 millones de pesetas (cerca de 286.000 euros), según consta en escritura ante notario realizada el 2 de febrero de 2001. Un mes después, Forestal del Atlántico vendió esta misma finca a Reganosa por 737 millones de pesetas (4,43 millones de euros).

Un gestor «implicado»

Fidalgo argumenta que esta enorme plusvalía generada en tan sólo un mes «obedece al elevado precio de pago pactado» por el grupo de trabajo formado por el Gobierno gallego para realizar todas las gestiones necesarias mientras se creaba la actual composición de Reganosa. Este grupo de trabajo estaba dirigido por José Antonio Orza, que en aquel momento ya era consejero de Economía del Gobierno de Fraga.

Según Fidalgo, la operación fue aprobada por Orza y se firmó el mismo día en el que se aprobó la ampliación de capital de Reganosa y de suscripción del mismo por parte de la Xunta de Galicia y otras entidades, que formarían el actual grupo accionarial de la companía (Endesa, Unión Fenosa, Caixa Galicia, Sonatrach, Banco Pastor, Caixanova y el grupo Tojeiro).

«Evidentemente los precios pagados no se corresponden con los precios de mercado, ni mucho menos con los precios pagados por el Sr. Tojeiro, propietario del Forestal del Atlántico, a los antiguos propietarios de las fincas. En este asunto nos encontraríamos con que José Antonio Orza actuaba escogiendo la ubicación, fijando los precios y pagando con fondos públicos los terrenos de la planta de gas y, por otra parte, recibía a través de Forestal del Atlántico los beneficios que así se generaban, para su propio interés particular», indica la denuncia.

Orza formaba parte del consejo de administración de cuatro de las empresas del grupo Tojeiro cuando Fraga le reclamó para que se hiciera cargo de la consellería de Economía de la Xunta, cargo que ocupó durante 15 años. Sin embargo, esto no significó que dejara de participar en las compañías, de las que posee tres millones de euros nominales en acciones.

Según la documentación aportada, el Comité Ciudadano de Emergencia defiende que la actual ubicación de la planta de gas se debe única y exclusivamente a este «pelotazo urbanístico».

De hecho, existía un proyecto inicial de Enagas para establecer una regasificadora en el puerto exterior de la ría de Vigo, que contaba con todos los permisos necesarios.

Comunicación al Ministerio

Asimismo, Humberto Fidalgo anunció que pondrán en conocimiento del Ministerio de Industria estos hechos para evitar que se produzca otro fraude. «El negocio está muy claro, además de obtener una plusvalía del 2.000 por ciento en poco más de un mes, la compañía, cuando obtenga todos los permisos para funcionar, recibirá del Estado contraprestaciones equivalentes al dinero invertido. Es como si hubieran comprado bonos del Estado por 737 millones que, si se le concede la licencia de actividad, les serán devueltos del dinero de todos los españoles», concluyó.

http://www.larazon.es/noticias/noti_aut22286.htm